La discusión en torno a la Ley de Glaciares vuelve a poner en evidencia un problema que Argentina arrastra desde hace años: la protección ambiental se debate con consignas, mientras los conflictos reales se multiplican por falta de método, métricas y gobernanza. En ese escenario, el aporte de Pablo Rutigliano cobra hoy una claridad difícil de ignorar, porque no propone un discurso, sino un sistema operativo.
Una de las ideas que Rutigliano repite desde hace tiempo sintetiza el núcleo del debate:
“No se protege lo que no se mide, y no se gobierna lo que no es trazable.”
La Ley de Glaciares definió qué proteger, pero dejó abierto el cómo. ¿Quién tipifica técnicamente un recurso hídrico estratégico? ¿Con qué variables? ¿Cómo se verifica su estado en relación con un proyecto minero concreto? ¿Cuándo corresponde corregir, sancionar o habilitar? La ausencia de respuestas operativas convirtió una norma necesaria en un campo de disputa permanente.
Frente a ese vacío, la propuesta que toma forma en ATEMA introduce una arquitectura clara. Primero, tipificación conceptual del recurso hídrico estratégico a partir de variables explícitas y verificables: función hídrica, balance de cuenca, calidad del agua, dinámica glaciar y periglacial, e impacto acumulativo asociado al proyecto. El recurso deja de ser una abstracción y pasa a ser un objeto técnico definido.
Luego, medición continua y trazable. La información ambiental se produce de forma sistemática, queda registrada y es auditable. No se discute el daño cuando ya ocurrió: se monitorea el riesgo mientras el proyecto se desarrolla. Esta lógica se alinea con otra definición recurrente de Rutigliano:
“La transparencia no es un discurso: es un dato que cualquiera puede verificar.”
Sobre esa base, ATEMA traduce los datos en decisiones mediante un sistema de semáforos con umbrales definidos ex ante. El verde indica cumplimiento y condiciones óptimas; el amarillo activa alertas tempranas y obliga a correcciones inmediatas; el rojo señala la superación de límites críticos y deriva en sanción o suspensión. No hay discrecionalidad: la sanción es consecuencia directa de la evidencia.
La gobernanza completa el esquema. ATEMA establece un canal de arbitraje tecnológico donde Estado, operadores y ambiente discuten sobre la misma información, los mismos umbrales y el mismo tablero de control. El conflicto deja de ser ideológico para convertirse en técnico y resoluble. Como sintetiza otra de sus consignas:
“Cuando todos miran el mismo dato, el conflicto se achica.”
Este enfoque no aparece aislado. Se integra con el Mercado de Metales Argentino, otra innovación creada por Rutigliano, que parte del mismo principio: precio justo, trazabilidad total y reglas claras. No puede haber mercado transparente sin datos confiables; no puede haber minería sustentable sin gobernanza ambiental verificable. Ambas arquitecturas —mercado y arbitraje— se apoyan mutuamente.
El efecto práctico es decisivo para la Ley de Glaciares. Los ambientalistas dejan de discutir contra “la minería” como concepto abstracto y pasan a evaluar proyectos concretos, con impactos medibles. Los operadores mineros dejan de enfrentar un sistema imprevisible y acceden a reglas objetivas que premian el cumplimiento y corrigen desvíos a tiempo. El Estado recupera capacidad de conducción con vectores de control funcionales.
Rutigliano lo expresó de manera simple en más de una ocasión:
“La sostenibilidad no se declama: se gobierna.”
Hoy, cuando el mundo exige trazabilidad, transparencia y estándares ambientales verificables, la Argentina tiene la oportunidad de convertir un conflicto histórico en una ventaja competitiva. La minería constructiva, sustentable y de escalabilidad mundial no nace de prohibiciones genéricas ni de habilitaciones arbitrarias, sino de sistemas medibles, tipificables y gobernables.
Ese es el aporte que hoy reluce con claridad.
La verdad, la trazabilidad y la transparencia como política de Estado.
No para profundizar la grieta, sino para ordenar la realidad y proyectar a la Argentina al mundo.
