La CNV creará un registro para los intermediarios de criptoactivos y el Congreso debatirá una ley para prevenir el lavado de dinero y otros delitos.
El mercado de las criptomonedas en Argentina no para de crecer. Según la Comisión Nacional de Valores (CNV), ya hay 10 millones de cuentas abiertas para invertir en estos activos digitales, lo que los equipara al mercado de capitales tradicional.
Ante este fenómeno, el Gobierno y el Congreso buscan darle un marco regulatorio que proteja a los inversores y al sistema financiero. Por un lado, la CNV está trabajando en la creación de un registro para los intermediarios de criptoactivos, como las plataformas de compra y venta, que deberán cumplir con ciertos requisitos de seguridad, transparencia y solvencia.
Por otro lado, el Congreso tiene pendiente la aprobación de una ley que busca prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta ley incluye un capítulo dedicado a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), que deberán inscribirse en un registro dependiente de la CNV.
La ley ya tiene media sanción de Diputados y se espera que sea tratada en Senadores en las próximas semanas. El objetivo es que esté vigente antes de septiembre, cuando una delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) visite el país para evaluar su cumplimiento con las normas internacionales. Argentina quiere evitar quedar en una lista gris con el GAFI, lo que le traería consecuencias negativas para su acceso al crédito y su reputación.
La normativa apunta a regular a los proveedores de las cuentas de criptoactivos y no a los clientes. Uno de los problemas que se busca solucionar es el de la publicidad engañosa, que muchas veces promete ganancias exorbitantes sin advertir sobre los riesgos de invertir en estos activos volátiles e innovadores.
El registro y control de los PSAV se basará en principios que apuntarán a su seguridad operativa, a la protección del ahorro público y del público inversor, con normas prudenciales que promuevan la estabilidad, solvencia, transparencia y prácticas de buen gobierno corporativo.
La regulación de las criptomonedas es un desafío para los países, ya que se trata de un mercado en constante expansión y crecimiento, que carece de fronteras. Por eso, lo que se busca aprobar está en línea con las regulaciones de otros países de la región y del mundo. Según la CNV, este será el primer paso para una normativa más robusta de este sector.
“Las funciones y actividades que desarrollan los actores del mercado de criptoactivos se asemejan a las que realizan otros agentes y/o sujetos del mercado de capitales tradicional. Por ello, deben estar sujetas a igual regulación y que contemple las especificidades y riesgos asociados a los criptoactivos y la tecnología subyacente”, explicó la CNV.
