Por Pablo Rutigliano – 7 de octubre de 2025
La Argentina está cartelizada. No solo en su economía, sino en su pensamiento, en su burocracia, en su manera de encubrir los privilegios de unos pocos bajo el disfraz de institucionalidad. Durante décadas se ha perfeccionado un modelo de poder que se reproduce en los escritorios, en las cámaras empresariales, en las secretarías y en las propias autoridades de control. Lo llaman “organismo regulador”, pero en realidad son los guardianes de un sistema que solo sirve para perpetuar la corrupción.
Esa estructura que domina el país desde las sombras ha encontrado en la minería su mayor fuente de impunidad. Se reparten concesiones, manipulan cifras, subfacturan exportaciones, contrabandean litio y luego se sientan en conferencias internacionales a hablar de “transparencia y desarrollo”. Es un modelo obsoleto, funcional a los monopolios y a las multinacionales que compran por monedas los activos de las PyMEs mineras, las verdaderas generadoras de valor nacional.
Desde hace años venimos advirtiendo lo mismo: la única forma de romper con esta red de intereses es con tokenización real, con trazabilidad blockchain, con transparencia verificable. Y eso fue lo que propuso Atómico 3. Un modelo económico que no nace del discurso, sino del conocimiento técnico, contable y jurídico. Porque en minería, cada peso invertido en exploración, en perforación, en estudios de laboratorio o en certificación geológica es un activo económico activado, no un gasto perdido. Es la primera piedra de una reserva que puede convertirse en riqueza real, en divisas genuinas, en desarrollo sostenible.
Por eso la tokenización no es un capricho: es el puente entre la inversión y la verdad. Es la herramienta que permite que cada centavo destinado a una PyME minera sea visible, trazable y auditable, bajo estándares internacionales y dentro del marco de la normativa que la propia Comisión Nacional de Valores debería haber fortalecido, y no destruido. Porque la Resolución 1060, más allá de su aparente intención regulatoria, no regula absolutamente nada: es un verdadero mamarracho institucional. Una maniobra que, lejos de ordenar el mercado, busca desarticular los modelos innovadores, aplastar la transparencia y mantener el control de un sistema dominado por los monopolios financieros. Todo aquel que haya intentado tokenizar activos sin subordinarse a los intereses de esa casta —como Atómico 3— termina perseguido, difamado o suspendido.
No fue casualidad que la suspensión de la compañía llegara justo después de que la Cámara Latinoamericana del Litio, que presido, realizara en mayo una ampliación formal de la denuncia penal en la causa 3309/2023, iniciada en el año 2023. Esa causa, presentada en el fuero federal, no solo investiga, sino que ya determinó judicialmente la existencia de contrabando y subfacturación del litio. La justicia federal procesó y confirmó la responsabilidad de empresas que operan en complicidad con ese mismo delito, dejando al descubierto el esquema de evasión sistemática que venimos señalando desde hace tiempo. No se trata de una hipótesis ni de una denuncia pendiente: se trata de un hecho probado, de un delito comprobado y de un sistema que, pese a la evidencia, continúa protegido por los mismos actores institucionales que deberían haberlo desmantelado.
Y no fue casualidad tampoco que el Juzgado Federal N.º 4 confirmara el procesamiento de Livent, validando con sentencia lo que la Cámara Latinoamericana del Litio viene sosteniendo desde hace años. Lo dijimos con documentación, con auditorías, con informes técnicos, y lo volvimos a reiterar en cada presentación judicial y administrativa. La reacción fue inmediata: en lugar de investigar a los responsables del contrabando, la CNV decidió perseguir a la compañía que propuso la transparencia más avanzada de la región.
Y lo demuestra claramente la denuncia presentada, que es la causa 36.601/25, en la cual los informes técnicos presentados por la CNV como supuestas pruebas son totalmente infundados. Se basan en interpretaciones erróneas, inconsistentes y arbitrarias que desconocen la propia Ley del Mercado de Capitales, la cual establece de manera inequívoca que Atómico 3 no es un valor negociable. Esa sola condición invalida cualquier intento de aplicar sanciones bajo un régimen que no le corresponde, y revela una manipulación deliberada de criterios jurídicos para justificar una suspensión carente de sustento.
A ello se suman incontables falencias técnicas, donde se pretende validar criterios que ni siquiera existen en la normativa vigente. No hay regulación sobre cómo se define un token, ni sobre cómo se desarrolla un proceso de tokenización, ni sobre su tratamiento contable o jurídico dentro del mercado de capitales argentino. Es decir, la CNV actuó sin marco legal, sin procedimiento normativo y sin competencia técnica para hacerlo. Lo que se observa con claridad es un abuso de poder y una arbitrariedad manifiesta en la toma de la decisión de suspender a Atómico 3, vulnerando no solo los principios constitucionales de legalidad y debido proceso, sino también el derecho a la innovación, la libre competencia y la libertad económica.
El presidente de la CNV y su entorno son la representación más precisa de esa decadencia. Hablan de regular, pero lo que hacen es destruir. Hablan de proteger al inversor, pero lo que hacen es proteger a los monopolios. Hablan de transparencia, pero lo único que muestran es un mamarracho jurídico, técnico y moral. Son la expresión más evidente de lo que la Argentina necesita superar: la cultura del miedo al cambio.
Por eso no sorprende que los medios pagos repitan los comunicados oficiales sin leerlos, que la CAEM defienda a las mismas empresas procesadas, y que los funcionarios miren hacia otro lado. Son piezas del mismo engranaje, de una maquinaria que funciona solo si nadie la desafía. Pero Atómico 3 la desafió, la expuso y la rompió. Y eso, en un país donde la verdad molesta, tiene consecuencias.
Sin embargo, las causas 36.601/25, por difamación y daño, y 3309/2023, por subfacturación y contrabando, avanzan con la fuerza de la verdad. Porque este país necesita recuperar su dignidad institucional, necesita volver a confiar en quienes hacen, en quienes innovan, en quienes arriesgan. Atómico 3 no nació para obedecer al sistema, nació para cambiarlo. Para demostrar que la transparencia no se declama, se implementa. Que la trazabilidad no se promete, se ejecuta. Y que la tecnología no se teme, se entiende.
Hoy lo que está en juego no es una empresa, es un modelo de país. Uno que puede seguir vendiendo su litio al precio del silencio o puede tokenizarlo con transparencia y ponerlo al servicio del desarrollo real. No nos van a callar. No van a destruir una idea que nació para liberar a las PyMEs, democratizar la minería y mostrar que el futuro ya llegó. Pueden suspender una compañía, pero no pueden suspender una verdad. Y esa verdad, más tarde o más temprano, los va a dejar expuestos ante la historia.
