Las ICO son una forma de financiación colectiva que permite a las empresas encontrar inversores a cambio de tokens o activos digitales.
Las criptomonedas son medios de intercambio basados en la tecnología blockchain, las cuales permiten transacciones rápidas, transparentes y seguras.
Los reguladores latinoamericanos se enfrentan al desafío de crear un marco normativo adecuado para las ICO y las criptomonedas, que proteja a los consumidores, los inversores y el sistema financiero, y que al mismo tiempo fomente la innovación y la competitividad del sector. Para ello, deben tener en cuenta la complejidad y la rapidez de los cambios tecnológicos, la naturaleza global y descentralizada de las ICO y las criptomonedas, y la diversidad de los actores y las actividades involucradas.
Hasta ahora, América Latina no ha contado con un marco normativo común e integral para las ICO y las criptomonedas. Cada país ha adoptado una postura diferente, que va desde la prohibición total (como en Bolivia y Ecuador) hasta la regulación parcial o la tolerancia (como en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú).
Algunos países han optado por aplicar las normas existentes de valores, mercados financieros, prevención del lavado de dinero o protección al consumidor, mientras que otros han propuesto o aprobado normas específicas para regular las ICO y las criptomonedas.
Estas diferencias regulatorias generan incertidumbre y fragmentación para los proveedores y usuarios de ICO y criptomonedas en la región, lo que puede afectar al desarrollo y la integración del sector.
Por ello, sería conveniente que los países latinoamericanos buscarán una mayor coordinación y cooperación entre sí, así como con otros países y organizaciones internacionales, para establecer criterios y estándares comunes que faciliten la supervisión, la transparencia y la seguridad de las ICO y las criptomonedas.
