La tensión en el sector minero argentino alcanzó un nuevo pico de conflictividad con las denuncias presentadas por Atómico 3, una empresa tecnológica especializada en trazabilidad minera, que acusa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y a la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) de actuar en connivencia para silenciar la innovación en el sector mediante una campaña de persecución judicial, mediática y regulatoria.
La acusación se sustenta en la Causa Penal 36601/2025, donde Atómico 3 se presenta como víctima de abuso de poder por parte de la CNV. Según la empresa, el organismo regulador –lejos de cumplir su rol institucional de garantizar transparencia en los mercados– habría optado por aliarse con sectores del poder económico minero para desprestigiar su modelo de tokenización y trazabilidad, que expone supuestas prácticas sistemáticas de subfacturación y evasión fiscal.
“Este no es un caso aislado, sino parte de una matriz de encubrimiento y cartelización que lleva años operando en el corazón del extractivismo argentino”, expresó Pablo Rutigliano, CEO de Atómico 3 en diálogo con este medio.
Un daño económico cuantificable
Las denuncias de Atómico 3 no surgen en el vacío. En 2023, la Cámara Latinoamericana del Litio impulsó la Causa Penal 3309/2023, en la que se investigó una compleja red de contrabando y subfacturación de carbonato de litio. El expediente judicial, según documentos públicos, concluyó con el procesamiento de varios empresarios del sector y estimó un perjuicio económico para el país superior a los 4.300 millones de dólares, debido a la omisión del litio como commodity en los marcos regulatorios de exportación.
Pese a la gravedad de los hechos comprobados, desde Atómico 3 advierten que el Estado no solo ha fallado en ejercer control, sino que ha optado por priorizar los intereses de grupos concentrados. “La impunidad se sostuvo gracias a una red de complicidades, que incluye a funcionarios, cámaras empresarias, medios y consultores vinculados al negocio”, explicaron.
La reunión con el Secretario de Minería
El 16 de octubre de 2024, representantes de Atómico 3, encabezados por Pablo Rutigliano, mantuvieron una reunión formal con el Secretario de Minería de la Nación. Durante el encuentro, la empresa presentó documentación técnica y argumentos concretos que advertían sobre la urgencia de implementar un censo minero nacional, la existencia de una subfacturación sistemática en la exportación de carbonato de litio, y la necesidad de establecer mecanismos eficaces de control sobre los balances y exportaciones de las compañías del sector.
Sin embargo, según pudo reconstruir este medio, la respuesta del funcionario fue completamente desalentadora: no hubo interés por el contenido de las denuncias ni por la magnitud del perjuicio económico, estimado en más de 4.300 millones de dólares, sino una insistencia banal en conocer si la Cámara Latinoamericana del Litio tenía socios o asociados, omitiendo por completo el eje central de la exposición.
Para Atómico 3, ese episodio retrata con claridad el estado actual de la política minera en el país: un Estado más preocupado por fiscalizar a quienes denuncian irregularidades que por controlar a quienes efectivamente fugan divisas y vacían las arcas públicas. Esa misma miopía institucional, afirman desde la empresa, se refleja hoy en la campaña mediática y judicial impulsada contra ellos.
Operaciones mediáticas y geólogos «ensobrados»
En paralelo, la compañía denunció una campaña sistemática de difamación impulsada por “periodistas ensobrados” y “geólogos a sueldo” vinculados al lobby minero, quienes han buscado desacreditar públicamente el modelo tecnológico de Atómico 3 y minimizar la gravedad de las denuncias por contrabando.
“Nos acusan porque hemos logrado demostrar, con causas judiciales y documentos oficiales, que el saqueo del litio no es una teoría conspirativa, sino una realidad comprobada por la Justicia argentina”, afirmaron desde la empresa.
Una industria enfrentada a la innovación
Atómico 3 sostiene que el modelo tradicional de explotación minera en Argentina se encuentra en crisis, y que su propuesta, basada en tecnología blockchain para trazabilidad de activos, representa una amenaza directa para quienes se beneficiaron durante décadas de la opacidad del sistema.
“Lo que está en juego es si el país seguirá prisionero de una minería cartelizada, extractivista y cerrada, o si dará paso a una nueva etapa de transparencia, participación y rendición de cuentas”, señalaron.
Un escenario en disputa
Las dos causas penales citadas por Atómico 3, una por contrabando, otra por persecución institucional, marcan un antes y un después en la discusión sobre el futuro de la minería argentina. Mientras algunos sectores intentan relativizar las denuncias y apuntan contra la empresa por presuntas irregularidades, el trasfondo parece revelar una disputa mucho más profunda: la del control y apropiación de los recursos estratégicos del país.
La Justicia, como siempre, tendrá la última palabra. Pero mientras tanto, la opinión pública y la sociedad civil observan con creciente interés el desarrollo de un caso que podría redefinir las reglas del juego en una de las industrias más sensibles del país.
