En un duro pronunciamiento, la Cámara Latinoamericana del Litio (CLL) exigió la inmediata anulación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), tras denunciar un esquema sistemático de subfacturación en la exportación de litio que le habría costado al país más de 4.300 millones de dólares en fuga de divisas y evasión fiscal. La entidad también reclamó la creación de un Mercado de Metales en Argentina para frenar estas prácticas y recuperar soberanía económica sobre los recursos estratégicos del país.
El reclamo fue encabezado por Pablo Rutigliano, presidente y fundador de la Cámara, quien acusó a empresas mineras multinacionales, funcionarios públicos, sectores del periodismo y geólogos vinculados al negocio de conformar una «casta minera» enquistada en el Estado y dedicada al saqueo de los recursos naturales.
“Detrás de cada tonelada de litio subfacturada hay un argentino sin trabajo, un jubilado con ingresos reducidos, un joven sin futuro en su propia tierra”, advirtió Rutigliano.
Una denuncia con impacto judicial
La Cámara impulsó en 2023 la Causa Penal 3309/2023, en la que se investigó a compañías del sector por subfacturación sistemática en la exportación de litio y contrabando. Según datos presentados por la entidad, el perjuicio económico asciende a 4.300 millones de dólares.
La justicia procesó a varias de estas empresas, confirmando maniobras que habían sido minimizadas por sectores del sector minero y algunos medios de comunicación.
“Lo que se decía que era exagerado o fantasioso, hoy es un hecho judicial. El saqueo no es un relato: es una realidad confirmada”, sostuvo Rutigliano.
RIGI: el régimen bajo la lupa
El RIGI, aprobado en el marco del paquete de reformas del oficialismo, establece beneficios fiscales y aduaneros para grandes inversores. Pero para la Cámara del Litio, este marco legal consolida la impunidad de actores que ya fueron denunciados y procesados por evasión fiscal.
“Empresas que falsearon precios, evadieron impuestos y fugaron divisas, hoy son premiadas con exenciones fiscales. Es un contrasentido. El RIGI debe ser anulado para toda firma procesada por estos delitos”, afirmó el titular de la Cámara.
Un mercado de metales con precios propios y trazabilidad
Frente a este escenario, la CLL propone la creación de un Mercado de Metales y Futuro argentino, bajo el Proyecto de Ley 2403/23 que ya se encuentra en tratamiento parlamentario. Este mercado permitiría establecer precios locales para recursos como el litio, el cobre o la plata, evitando la dependencia de plazas como Londres o Shanghái.
La propuesta incluye herramientas de trazabilidad blockchain, transparencia contractual y mecanismos de control fiscal, con el objetivo de evitar la subfacturación y asegurar que la renta minera beneficie a la Nación.
“Nos dijeron que los mercados están en Londres. Eso es renunciar a la soberanía. Tenemos capacidad tecnológica, recursos humanos e instituciones para hacerlo acá, en Argentina”, remarcó Rutigliano.
Las cinco exigencias clave de la Cámara
La Cámara Latinoamericana del Litio formalizó cinco demandas urgentes al Gobierno y al Congreso:
- Anulación del RIGI para todas las empresas procesadas por evasión o subfacturación.
- Actuación inmediata de la AFIP (hoy ARCA) contra las compañías involucradas.
- Censo minero e hídrico nacional, para transparentar el estado de los recursos.
- Investigación patrimonial de funcionarios y políticos vinculados al sector.
- Aprobación del Proyecto de Ley 2403/23, para crear el Mercado de Metales argentino.
Un llamado a romper con el modelo de saqueo
Desde la Cámara sostienen que Argentina enfrenta una disyuntiva histórica: continuar con un modelo extractivista y extranjerizante, o avanzar hacia un esquema soberano, transparente y basado en el valor agregado y el desarrollo científico-tecnológico.
“No nos arrodillamos ante ningún monopolio. Hemos demostrado con hechos que el saqueo existe, que la evasión es real y que es posible otro modelo de minería. Uno que beneficie al pueblo y no a las corporaciones extranjeras”, concluyó Rutigliano.
La iniciativa de la Cámara abre un debate profundo sobre el rumbo de la política minera en el país y pone presión sobre un gobierno que busca atraer inversiones, pero que enfrenta crecientes cuestionamientos por el costo fiscal y social de las actuales reglas del juego.
