La Argentina se proclamó pionera de la tokenización. Pero el régimen que escribió la CNV atornilló el blockchain sobre la misma arquitectura de intermediarios que decía superar. Desde la trazabilidad como base histórica del valor, hay otra economía posible —y otra batalla en curso.
Por Pablo Rutigliano
Fundador de Atómico 3. Presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio. Creador del Mercado de Metales y Futuros.
“El que acumula energía controla el presente. El que traza el valor controla el futuro. Y el que regula la verdad de otros, tarde o temprano, termina copiándola.”
Hay un instante en la historia de cada país en el que se decide, por escrito, qué entiende por futuro. No se decide en las plazas ni en los discursos: se decide en el Boletín Oficial, en la letra fría de una resolución que casi nadie lee completa. La Argentina vivió ese instante en 2025, y lo vivió en tres actos.
El 13 de junio, la Comisión Nacional de Valores publicó la Resolución General 1069 y estrenó el primer régimen de tokenización de activos del mundo real —real world assets— sobre tecnologías de registro distribuido. El 20 de agosto llegó la 1081 e incorporó acciones, obligaciones negociables y CEDEAR. El 22 de octubre, la 1087 amplió todavía más el universo de instrumentos tokenizables. Su presidente, definió todo aquello como “una regulación pionera e innovadora” y celebró que el país quedara “a la vanguardia regional y global”.
Coincido con la música. Discrepo con la letra. Coincido en que tokenizar es el camino, en que la blockchain es la herramienta civilizatoria de esta era, en que la trazabilidad será el lenguaje universal del valor. Pero discrepo —y lo hago desde la trinchera, no desde el escritorio— en qué se tokenizó y, sobre todo, en cómo. Porque debajo del vocabulario moderno de la norma late una estructura antigua. Y porque cuando uno lee la letra chica descubre que el Estado no abrió una puerta: levantó un peaje.
Lo que dice la norma, sin el comunicado de prensa
El régimen argentino no tokeniza valor. Tokeniza representaciones de valor que ya existían. Esa distinción, que parece menor, lo cambia todo.
Para que un token sea legal bajo la 1069 y sus ampliaciones, el valor negociable debe nacer primero en su forma tradicional —escritural o cartular—, depositarse en un Agente Central de Depósito de Valores Negociables a través de un depositario autorizado y, recién entonces, “representarse digitalmente”. El propio texto lo aclara sin pudor: el token no es un nuevo valor, sino una forma adicional de representación de uno preexistente.
Traduzcamos eso al idioma de la calle. El blockchain entra al final de la cadena, como una mano de barniz sobre un mueble que ya se fabricó en el taller de siempre, con los mismos carpinteros, la misma madera y los mismos secretos. La trazabilidad —si es que existe— llega tarde, cuando lo decisivo ya ocurrió. Se traza el destino del valor, jamás su origen. Y el origen es justamente donde habita la mentira.
A eso se suma la figura central del esquema: el Proveedor de Servicios de Activos Virtuales, el PSAV. La 1081 fue quirúrgica: solo los PSAV inscriptos en todas las categorías del registro de la CNV pueden custodiar lo tokenizado. Sin esa inscripción —que tramita ante la propia CNV, bajo la Ley 27.739, la RG 1058 y las exigencias antilavado de la UIF 49/2024— no hay token legal posible. El que no entra al registro, no existe. El que entra, custodia, comercializa y cobra.
No estoy en contra de prevenir el lavado. No estoy en contra de proteger al inversor. Estoy en contra de algo más sutil y más grave: se tomó una tecnología cuya razón de ser es eliminar la necesidad de confiar en un custodio, y se la reescribió para volver imposible operar sin un custodio bendecido por el regulador. Se le puso el nombre sagrado de “tokenización” a la digitalización de la intermediación. Se vistió de revolución a la conservación del privilegio.
La tesis incómoda: la trazabilidad no es un accesorio, es la base
En La mano visible de la trazabilidad blockchain sostengo una idea que la norma argentina ignora por completo, porque ignorarla le resulta cómodo.
La tokenización no es un acto técnico de emisión. Es un modelo de digitalización económica concatenado a una estructura predeterminada de procesos, y esos procesos —su planificación, su evidencia, su historia— son los que determinan si una tokenización tiene efectividad o es apenas una etiqueta. Un token serio no nace cuando alguien aprieta el botón de “emitir”. Nace mucho antes, y nace de una cadena de valor pensada desde su base histórica.
Esa cadena tiene tres etapas. La embrionaria: la idea, el diseño, el propósito, el alma del valor. La certificante: los oráculos, las validaciones, cada dato técnico registrado de forma incorruptible. Y la de materia prima o producción real: el activo físico integrándose con su equivalente digital, tonelada por tonelada, watt por watt. El valor final del token no es una cifra arbitraria; es la suma viva de todas esas etapas. La trazabilidad de un activo del mundo real no empieza cuando el activo se produce: empieza cuando se concibe.
De ahí se desprende lo que la regulación argentina no quiso ver. Una tokenización solo despliega todo su esplendor cuando reúne las condiciones para que su impacto no solo se mida, sino que su sustentabilidad y su desarrollo recorran toda la vida de la cadena de valor que representa —una cadena que se requiere, se audita y hasta se actualiza con el tiempo. Eso es lo que tanto necesitan las economías llamadas “desarrolladas” en estos tiempos de inestabilidad: no más instrumentos opacos disfrazados de digitales, sino procesos visibles desde su raíz.
Y por eso lo digo sin rodeos: cuando la regulación llega mal empleada —cuando un regulador con la mirada puesta en quedarse con el negocio interpone su sello entre el origen del valor y su representación digital— difícilmente pueda dar lugar a un verdadero proceso histórico tokenizado. La planificación de la trazabilidad desde sus bases es lo que libera a la tokenización. Atornillar un token al final de un instrumento que ya nació en la oscuridad no la libera: la encadena con cadenas nuevas.
La mano invisible de Adam Smith operaba sobre la fe. La mano visible opera sobre la transparencia programada. El régimen de la CNV hace algo más extraño que ambas: invoca la luz del blockchain para reforzar la misma cadena vertical de confianza que el blockchain venía a volver innecesaria. Usa el fuego nuevo para custodiar el templo viejo.
El litio, o por qué esto no es una discusión técnica
Quien crea que esto se reduce a un debate de abogados de mercado de capitales no entendió de qué se trata. Se trata del litio. Se trata del cobre, de la energía, del agua. Se trata de quién forma el precio de lo que un país tiene bajo el suelo.
Durante décadas, los pueblos fueron testigos de cómo su riqueza se decidía en escritorios lejanos, bajo contratos opacos y discursos patrióticos vacíos. El litio argentino se vendió —y se vende— a precios que no siempre reflejan su realidad. Cuando uno denuncia esa subfacturación, cuando exhibe la distancia entre el valor real de una tonelada y el número que figura en el papel, descubre que la mentira no está en las cifras: está en las estructuras. Y descubre, también, que esas estructuras tienen quien las defienda.
Tokenizar el litio desde su origen —desde la concesión, la extracción, la energía invertida, la huella ambiental, la comunidad que lo hace posible— no es un capricho tecnológico. Es un acto de soberanía. Es devolverle al recurso su biografía completa y volverla pública. Es impedir que el valor se forme en la sombra. Por eso la verdadera tokenización molesta: no porque sea riesgosa, sino porque es transparente. La opacidad nunca teme al fraude tanto como teme a la luz.
“Primero nos suspendieron, hoy nos copian”
No escribo esto desde la tribuna. Lo escribo desde el barro, y conviene decirlo con todas las letras.
El 14 de julio de 2025, la CNV sancionó a Atómico 3 por tokenizar activos reales con trazabilidad blockchain, en el marco de denuncias vinculadas a la tokenización de litio. Dos meses y ocho días después, el mismo organismo publicó la Resolución 1087, que incorporó a su régimen exactamente los conceptos que veníamos aplicando desde el primer día: tokenización, real world assets, emisiones cien por ciento digitales.
Primero nos suspendieron. Después nos copiaron. Y lo que copiaron, lo desnaturalizaron: tomaron la palabra y descartaron el método. La CNV adoptó el vocabulario de la economía trazable y lo vació de su contenido más incómodo para el statu quo —la idea de que el valor puede formarse, certificarse y circular sin pedirle permiso al intermediario de turno.
Seamos rigurosos, porque la rigurosidad también es una forma de coraje. El dato es que hubo una sanción y que existe un conflicto abierto entre una visión y un organismo. La opinión —la mía, y la asumo entera— es que esa sanción no protegió a nadie: frenó a quien se atrevió a mostrar el origen del valor en un mercado acostumbrado a no mostrarlo. No me mueve la revancha ni el ego. Me mueve una convicción: que la transparencia es el único camino hacia la justicia económica, y que la tecnología debe estar al servicio de la verdad, no del poder.
En defensa del adversario
Una nota que solo se da la razón a sí misma no es periodismo: es propaganda. Así que digamos lo que la CNV diría, y digámoslo con honestidad.
El organismo sostiene que su régimen aporta seguridad jurídica, que protege al inversor con custodia segregada y procedimientos auditados, que combate el lavado, que promueve la inclusión financiera y que posiciona a la Argentina como hub regional. Todo eso es cierto en sus propios términos. El esquema es, sin dudas, un avance frente al vacío anterior, y es más sólido que el de muchos vecinos. Y hay quienes argumentan, con razones legítimas, que sin un custodio responsable y un registro estatal el pequeño inversor queda a merced del fraude —y la historia cripto está sembrada de pruebas de ello.
La pregunta, entonces, no es si hay que cuidar al inversor. La pregunta es si la única forma de cuidarlo es reconstruir, en lenguaje digital, la misma estructura de privilegio informativo que produjo las crisis que decimos querer superar. Yo creo que no. Creo que se puede proteger sin centralizar, auditar sin monopolizar, prevenir el lavado con oráculos y trazabilidad de origen en lugar de con porteros. Pero reconozco que es una apuesta, no un teorema. Y que el tiempo —ese sandbox regulatorio que la CNV extendió hasta el 21 de agosto de 2026— dirá quién leyó mejor la época.
Lo que está realmente en disputa
Detrás de tres resoluciones técnicas se juega algo que excede a la Argentina. Se juega quién será el dueño de la trazabilidad.
Si la trazabilidad la diseña el regulador como condición de acceso, el blockchain se convierte en un instrumento de control más fino: la vigilancia perfeccionada con estética de libertad. Si la diseña la cadena de valor desde su base histórica —el productor, la comunidad, el nodo que genera el recurso—, entonces sí estamos ante un cambio de orden económico. Uno donde el precio del litio deja de decidirse en un escritorio lejano y empieza a formarse a la vista de todos, con cada etapa registrada, verificable e imposible de manipular.
Esa es la frontera real. No pasa entre tokenizar y no tokenizar —eso ya está saldado, y celebro que lo esté—. Pasa entre una tokenización que ilumina el origen del valor y otra que se limita a digitalizar su distribución, dejando intacto el secreto de dónde y cómo se formó. La primera es una revolución moral. La segunda es maquillaje.
La CNV escribió la segunda. Yo vengo a defender la primera —con un libro, con un mercado de metales y futuros, con una cámara latinoamericana del litio y con la convicción, probada a fuerza de censura, suspensión y copia, de que la verdad del valor no se decreta: se traza.
El futuro de la economía no será invisible ni secreto. Será visible, distribuido y trazable. La única discusión que queda en pie es quién tendrá la mano sobre esa luz. Y esa, a diferencia del precio del litio, es todavía una decisión que estamos a tiempo de tomar entre todos.
La revolución del valor será moral, o no será. Yo elijo el lado visible: el de la verdad, la trazabilidad y la justicia. Y lo elijo aun cuando el costo de elegirlo sea, otra vez, que primero me suspendan y después me copien.
Autor: Pablo Rutigliano — fundador de Atómico 3, presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio, creador del Mercado de Metales y Futuros. Autor del libro “La mano visible de la trazabilidad blockchain” (ISBN 978-631-01-1771-3).
