• La participación de las familias en la propiedad de las acciones baja hasta el 16,1%, pero más de 2 millones de hogares son propietarios
  • Las empresas no financieras controlan el 20,8% de la Bolsa española y las instituciones de inversión colectiva, un 7,3%

Los inversores no residentes poseían a cierre de 2019 el 50,2% de las acciones cotizadas españolas, según el último informe del Servicio de Estudios de BME. Es el cuarto récord histórico consecutivo y supone dos puntos porcentuales más que el año anterior y diez más que hace una década.

La participación de los inversores internacionales en la Bolsa española es superior a la de otros grandes mercados europeos como el francés, donde ascendía a 42,2% a cierre de 2018, según los datos del Banco de Francia. La internacionalización de las empresas cotizadas españolas y la competitividad tecnológica y transparencia de la Bolsa española son algunas de las razones que explican esta elevada presencia de inversores no residentes.

Las familias controlan el 16,1% de las acciones cotizadas en España, un punto menos que el año anterior y muy por debajo de los máximos alcanzados en 1998, cuando llegaron a poseer el 35,1%. Este dato certifica la convergencia con el resto de Europa, donde la participación directa de los inversores minoristas en la Bolsa tradicionalmente ha sido inferior que en España. El crecimiento de los fondos de inversión es una de las causas de este descenso. Con todo, 2,14 millones de hogares españoles poseen acciones, según datos del Banco de España.

El estudio reflexiona sobre posibles cambios en la inversión minorista a raíz de la crisis del Covid-19, tras detectar ESMA un crecimiento de la actividad de los pequeños inversores en Bolsa.

El segundo grupo de inversores con una mayor participación en la propiedad de las acciones cotizadas españolas es el que componen las empresas no financieras. A cierre de 2019 controlaban el 20,8% de la capitalización total de las empresas cotizadas españolas, igual que el año pasado. Los bancos y cajas son propietarios del 2,8%, mismo porcentaje que las Administraciones Públicas.

Acceso al informe completo:

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